Amenazan ex gobernador de Sinaloa e hijo a diario Noroeste

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El ex Gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa y su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, aseguraron que el reportaje presentado por Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y firmado por Marlene León, Zoraida Gallegos y Silber Meza, está lleno de datos falsos y lo calificaron de calumnia, tendencioso y de mala fe.

En cartas enviadas a esta redacción, ambos exigieron dar su réplica sobre lo publicado en el reportaje realizado por estos organismos.

Además, amenazaron con llevar a cabo demandas por calumnia.

A través de una misiva dirigida a Noroeste y su director, Adrián López, Labastida niega los hechos descritos en el reportaje ‘Operación Desfalco Sinaloa’ y advierte que buscará apoyo legal para buscar ‘la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar’ el prestigio personal del ex candidato a la Presidencia.

Posteriormente, el 25 de octubre, la organización
Artículo 19 llamó al gobierno estatal a garantizar la libertad de expresión ante la amenaza del ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa de emprender acciones legales en contra de las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y al periódico Noroeste por la publicación del reportaje “Operación Desfalco Sinaloa”.

El reportaje en cuestión aborda la manera en que 16 funcionarios y políticos de Sinaloa se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas familiares. En el caso de Francisco Labastida Ochoa, el reportaje describe la manera en que su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se benefició con subsidios a su empresa Agri 27 y arrendamientos de propiedades al gobierno municipal de Culiacán y estatal de Sinaloa.

La organización ARTICLE 19 hizo además un llamado al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que en caso de concretarse la pretensión de iniciar acciones legales contra los autores y promoventes de ‘Operación Desfalco Sinaloa’, utilicen criterios que prioricen el derecho de estos a investigar y difundir información de interés público.