Imputan a hijo de comunicadora; lo atribuye a su ejercicio periodístico

Descripción

El 25 de noviembre de 2020, la periodista sinaloense Judith Valenzuela Ortiz, acudió a la conferencia de prensa mañanera a Palacio de Gobierno, para exponer su caso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, relató que en 2008 cuando Rafael Méndez, su hijo, cumplía 20 años fue secuestrado por policías en Valle de Bravo, Estado de México.

Esos policías estatales, otros federales y algunos militares lo torturaron hasta que aceptó firmar una confesión de pertenecer a la familia michoacana.

Un estudio médico independiente comprobó que Rafael “fue sometido a torturas durante seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes en los oídos e intentos de asfixia.”

Para confirmar la tortura, le han practicado a Rafael cuatro protocolos de Estambul, dos independientes y dos “oficiales”, estos del Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México. Todos concluyen que “Si hay evidencia física y secuelas mentales por acciones de tortura».

Aun así, cuatro años después un juez federal del Estado de México lo condenó a 10 años de cárcel.

El 2 de marzo de 2018 Rafael completó los diez años en presidio, pero no ha sido liberado porque insiste en que se investigue la acusación falsa y el suplicio aplicado.

Inconforme, Judith logró que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conociera el caso de su hijo y reconfirmara la tortura. En sus observaciones finales, apunta que también “sufrió dislocación del hombro izquierdo y que sufre de otros traumas físicos y psicológicos.”

Ese grupo de la ONU emitió sus opiniones sobre Detención Arbitraria el 3 de mayo de 2019, lo turnó al tribunal de Suecia y este le ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata del joven y la reparación del daño.

Ya pasó otro año y medio pero la juez federal del Estado de México que lleva el caso (María del Socorro Castillo Sánchez) no decide su liberación. El martes 24 de noviembre de 2020 había aceptado una audiencia, pero no se presentó.

La acusación en contra de su hijo la atribuye a su ejercicio periodístico que ha desarrollado como editora, reportera y en otras tareas en el semanario Rio Doce, un periódico acreditado nacionalmente en investigación de asuntos políticos y narcotráfico.

Además, es impulsora de algunas jornadas para que se haga justicia por el asesinato de Javier; igual participa simultáneamente en actividades del Colegio de Periodistas de Sinaloa y de la asociación 7 de junio.