Utiliza gobernador de Chihuahua a funcionarios para atacar a El Diario

Descripción

En una publicación del 25 de mayo del 2020 en El Diario de Juárez, se denuncia que al menos una veintena de funcionarios estatales recibieron consigna de sus jefes para emitir comentarios agresivos contra El Diario, en una publicación realizada en la página de Facebook del gobernador, Javier Corral Jurado, quien emprendió nuevamente ataques contra ese rotativo.

Los comentarios de los funcionarios sirvieron para manipular la tendencia en la línea de tiempo de la publicación del jefe del Ejecutivo donde critica el enfoque de una nota de interés colectivo.

Entre quienes hicieron comentarios agresivos y contra el ejercicio periodístico están Alfonso Villalobos Lozano, director de Vinculación y Enlaces, quien goza de un salario de 25 mil 319 pesos y compensación mensual de 19 mil 559.

También Juan Pedro Santa Rosa, del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y Liliana Rojero del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, cuyos sueldos no aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Otros funcionarios de alto rango de la oficina que dirige Manuel del Castillo hicieron comentarios despectivos, entre los que destacan Javier Arroyo, director de Información, cuyo sueldo mensual supera los 45 mil pesos, divididos en compensación y salario.

Manuel Eduardo Rojero Luévano, director de Difusión, de la Coordinación de Comunicación Social, fue otro de los que plasmaron comentarios en contra de la libertad de expresión, así como Soraya Núñez, recientemente adscrita al Departamento de Información.

Asimismo Enrique Lomas, director de Comunicación del Gobierno estatal –quien aparece en la página de Transparencia con 25 mil 319 pesos de salario y 19 mil 559 de compensación–, favoreció la directriz oficialista de atacar a El Diario.

Enrique Rodríguez, jefe del Departamento de Calidad de Contenidos, con sueldo mensual de 19 mil 284 y 12 mil 230 de compensación, agregó un comentario a la publicación.

José Antonio Ozaeta, del Departamento de Enlaces y Proximidad, funcionario con plaza de personal especializado, incitó a las autoridades federales a “acelerar” acciones judiciales contra El Diario y lo secundó la asesora técnica Marcela Ortiz Aznar, del Departamento de Radio y Televisión.

Está también el comentario ofensivo de quien inclusive laboró por muchos años en El Diario, Gloria Esther Soto, ahora en la nómina de Gobierno estatal bajo el cargo de jefa del departamento de “medios propios” (Cambio 16, que inclusive ya no existe por fracaso del proyecto).

Irma Villanueva, comisionada de Atención a Víctimas y Luz Estela Castro, esta última en su calidad del nombramiento como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, impuesta personalmente por el gobernador Corral, hicieron comentarios negativos cuando ambas se han proclamado defensoras de los derechos humanos.

La nota principal, del pasado sábado con el encabezado “Tengo mucho coraje: El Iraquí”, da cuenta de la declaración de primera mano del ciudadano al cual le fincaron cargos por investigaciones de asesinatos dolosos, diligencias en las cuales por rigor periodístico y judicial, no se puede establecer su inocencia o culpabilidad.

En la publicación se resalta el interrogatorio en audiencia judicial, en la cual estuvo presente personal de esta casa editora y cuya labor fue consignar lo recabado en la diligencia, cuyo contenido es del dominio público.

Además, el aparato estatal utilizó recursos para denostar el trabajo periodístico a través de reacciones a la publicación del gobernador, mediante la página oficial del Instituto Chihuahuense del Deporte Zona Norte.

Otros funcionarios que a través de sus páginas personales arrojaron comentarios o reacciones de intolerancia, fueron la fiscal del sistema penitenciario, Nora Angélica Balderrama y José Ogaz, empleado del área de Política Digital.

En tanto que una decena de burócratas de primer nivel demostraron la aprobación a lo dicho por el gobernador, como Joel Gallegos y Ana Herrera Lasso. También arremetió la diputada federal Patricia Terrazas.