Descripción
El 3 de noviembre de 2019, la activista y representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Adelaida Salas Salazar, recibió amenazas de muerte, luego de que el gobierno del estado le retiró momentáneamente la protección policiaca de 24 horas con motivo de los operativos policiacos en los cementerios y otras actividades de vigilancia de la policía local.
A la activista le habían asignado seguridad 24 horas debido a las constantes amenazas que ha recibido.
Tras esa queja pública, ayer domingo le reasignaron dos guardias para su protección y la vigilancia de su centro de trabajo y precisó que no interpondrá otra denuncia por esta amenaza de muerte porque si las anteriores no se atienden, y ni siquiera el destrozo y saqueo de sus oficinas el 9 de enero pasado avanza, otra denuncia tendría el mismo trato: la indiferencia.
La maestra jubilada dijo que el retiro o falta de asignación de guardas a las mujeres amenazadas de muerte es un problema porque el gobierno del estado no lo cumple cabalmente. Son 15 o 17 mujeres, víctimas de violencia familiar extrema y activistas que han estado a punto de que las maten y necesitan de la custodia, pero siempre argumentan que no hay personal para esa tarea.
En su caso particular, sí teme de algún atentado porque participó en el juicio de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue víctima de feminicidio y violencia institucional.
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