Acosan judicialmente a tres medios en Puebla

Descripción

La organización Artículo 19 documentó que desde el 20 de enero de 2020 los directores de los medios de información en Puebla: e-consulta, El Popular y Datamos, cuyos directores, Rodolfo Ruíz Rodríguez, Carolina Fernández Galindo e Israel Velázquez García, respectivamente, han sido víctimas de acoso judicial a través de demandas civiles por daño moral.

Los recursos fueron presentados por el diputado Gabriel Biestro Medinilla; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, en Puebla.

En las cuatro demandas está señalado Rodolfo Ruíz Rodríguez y el medio digital e-consulta, en el caso de El Popular está señalada en las demandas interpuestas por Seth Yassir y Juan Pablo Cortés, y en el caso de Datamos se le señala en la demanda interpuesta por Jesús de la Luz Sánchez Cuevas.

Los funcionarios y el legislador local, postulado por Morena, acusan a Ruiz de ocasionarles un daño moral por publicaciones que ha realizado en su columna periodística “La Corte de los Milagros”, así como a El Popular a Datamos por replicar esas publicaciones.

A los acusados, se les solicita el pago de 5 millones de pesos por cada demanda –lo que suma 20 millones de pesos-, así como la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de los archivos electrónicos que contienen las columnas de opinión y el pago de gastos y costas. Además, como medida precautoria para garantizar el pago de la indemnización, se solicitan embargos precautorios a las propiedades de la y los demandados.

Artículo 19 hizo énfasis en que los demandantes son representados por el mismo cuerpo de abogados y que en su texto se advierten los mismos argumentos, en los que reclaman supuestos actos delictivos y ser sujetos de información dolosa y falsa.

Asimismo señaló que los periodistas afectados enfrentan demandas por daño moral, que es un tipo de estrategia utilizada por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar con la intención de que los afectados abandonen su postura crítica.

“Es por ello que este tipo de demandas se consideran como una agresión a la libertad de expresión y una forma de acoso judicial”, señaló Artículo 19 en un comunicado difundido este jueves y el cual también firmaron las organizaciones Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), la Red Puebla de Periodistas y el Nodo de Transparencia.