Descripción
El 13 de octubre de 2020 periodistas del estado de Guerrero, particularmente de Iguala, publicaron una carta en la cual aseguran estar bajo amenaza del crimen organizado.
En la carta de fecha 13 de octubre de 2020, los periodistas exigen que se otorguen garantías para el libre ejercicio periodístico debido a que han sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado sin que al momento el gobierno local, estatal ni el federal hayan hecho algo para garantizar su protección.
Los comunicadores narran que en las últimas semanas, ante la disputa territorial de los cárteles suscitada en territorio guerrerense, y particularmente de Iguala, han ocasionado que ellos sean objeto de amenazas vía telefónica y whatsapp por acudir a dar cobertura de diversos hechos violentos.
Mencionaron que la noche del 5 de octubre de 2020 se registró una amenaza generalizada en contra del gremio reporteril de Iguala, por parte de personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal, quien les exigió que "no se metan" en la disputa que mantienen con los grupos contrarios.
También señalaron que la amenaza fue en el sentido de que en las próximas semanas uno de los periodistas sería asesinado.
Los comunicadores mencionan en la carta que a algunos de ellos les han hecho saber que acabarán en "pedacitos" y les han enviado fotografías de ellos al tiempo que les refieren que los tienen ubicados.
Manifiestan que han dejado de dar cobertura a algunos eventos por temor a ser objeto de represalias por parte de alguno de los grupos criminales, lo que aseguran, representa una mordaza para los medios de comunicación guerrerenses.
Al final del texto, los periodistas responsabilizan al Estado mexicano por su integridad y su vida, en incluso la de sus familiares, en quienes también han recaído las amenazas.
La misiva está dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; Comisión Nacional de Derechos Humanos; a las organizaciones de defensa de periodistas y derechos humanos y al pueblo de México.
El 14 de octubre de 2020, reporteros y fotorreporteros de Chilpancingo protagonizaron una protesta en apoyo a sus colegas de la región Norte de Guerrero para exigir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer su trabajo.
Al respecto, la organización Reporteros sin Fronteras en México hizo un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades estatales del estado de Guerrero para que atiendan y brinden medidas de seguridad a los periodistas en riesgo e investigar los hechos.
Antes de este hecho, el 7 de agosto del mismo año, tras el asesinato del periodista Pablo Morrugares, y el ataque a las instalaciones del Diario de Iguala, el periodista integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, Omar Bello Pineda, dio a conocer que al menos cuatro comunicadores de Iguala estaban en riesgo inminente de ser agredidos, por lo que necesitarían huir para salvar su vida, sin embargo, el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no les brindó garantías para que los comunicadores y sus familias reciban las medidas de protección que necesitan.
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